Brasil y los minerales críticos tras el nuevo marco regulatorio.

Solo la regulación determinará si un país transformará su riqueza mineral en tecnología y soberanía.

Foto: Victor Moriyama/Bloomberg

Brasil acaba de dar un paso importante en una disputa que ya no se limita a los minerales. El Congreso aprobó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, y la Presidencia de la República promulgó la ley. El nuevo marco normativo crea financiamiento, incentivos para el procesamiento de minerales, inversiones en investigación y desarrollo, y mecanismos de control sobre los activos estratégicos. Es un avance. Pero la pregunta más importante surge precisamente después de la aprobación de la ley: ¿qué piensa hacer Brasil con sus minerales críticos?

Poseer yacimientos minerales no implica controlar toda la cadena de valor. Entre el mineral extraído y el producto de alta tecnología, se encuentran el procesamiento, la separación, el refinado, la metalurgia y la obtención de materias primas. Es en estas etapas donde se concentran el conocimiento, los empleos especializados, los ingresos y el poder tecnológico.

Los elementos de tierras raras son un claro ejemplo. El desafío no reside solo en extraerlos, sino también en dominar su separación y refinamiento, y avanzar hacia la obtención de óxidos de metales de alta pureza, aleaciones e imanes permanentes utilizados en motores eléctricos, generación de energía eólica, electrónica y defensa. Un país puede poseer grandes reservas y aun así seguir dependiendo tecnológicamente de otros países.

En un comunicado emitido a finales de agosto, la Academia Brasileña de Ciencias y la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia advirtieron que la cuestión central en relación con los elementos de tierras raras no debería ser la nacionalidad del inversor, sino el proyecto de desarrollo asociado a la explotación de estos recursos. Esto significa que no basta con extraerlos en Brasil: «es necesario desarrollar conocimientos, tecnologías de procesamiento y refinación, productos de mayor valor añadido, capacidades industriales y empleos cualificados en el país», señalaron las organizaciones.

Este tema también sirvió de base para el estudio «Tierras raras en Brasil: estado del arte, escenarios y hoja de ruta estratégica para 2026-2040», publicado por el Centro de Estudios Estratégicos y de Gestión (CGEE). La investigación buscó identificar las capacidades industriales y tecnológicas necesarias para que una mayor proporción del valor permanezca en el país. La conclusión se resume en una frase: Brasil no debe competir únicamente por los minerales; necesita competir por el valor añadido.

Resulta interesante que el proceso legislativo, a través de su propio recorrido, haya llegado a una dirección similar. La política aprobada fomenta el procesamiento y la transformación dentro del territorio nacional, permite priorizar proyectos según su contribución al valor agregado y posibilita compromisos relacionados con las exportaciones y la internalización de etapas de la cadena de suministro. Asimismo, ofrece garantías, incentivos fiscales e inversiones en investigación, desarrollo e innovación.

Pero esto no elimina un riesgo real: Brasil podría, a pesar de la nueva ley, seguir estando entre los primeros eslabones de las cadenas de suministro globales. Precisamente por eso, la regulación será crucial.

La ley establece una estructura. Ahora será necesario definir qué minerales y cadenas de suministro tendrán prioridad, qué proyectos merecen incentivos, qué compromisos de valor añadido se exigirán y cómo funcionarán los mecanismos de control estratégico. Algunas de estas definiciones se han dejado a la regulación.

Si bien las grandes empresas mineras consideraron el texto de la ley como un posible consenso, las empresas más pequeñas y las de exploración minera expresaron su preocupación por cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica, las facultades del nuevo Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos y sus efectos en la entrada de capital extranjero. Para las empresas que dependen de sucesivas rondas de financiación, los cambios en la percepción del riesgo regulatorio tienen consecuencias inmediatas. Esta tensión no debe interpretarse como una disyuntiva entre soberanía e inversión. Soberanía y seguridad jurídica deben ir de la mano.

El Estado debe preservar la capacidad de proteger activos, tecnologías y cadenas de suministro verdaderamente estratégicos. Sin embargo, esta intervención debe basarse en criterios objetivos, transparencia, previsibilidad y decisiones bien fundamentadas. Una política que ahuyenta indiscriminadamente el capital y la tecnología puede obstaculizar los proyectos que pretende impulsar. Por otro lado, una política sin beneficios recíprocos puede financiar una nueva ola de exportaciones de recursos con escasa transformación en el país.

No existe una solución única para todos los minerales críticos. El concepto de "valor añadido" tiene diferentes significados para las tierras raras, el litio, el grafito o el niobio. Por lo tanto, una política nacional debe ser horizontal en sus principios, pero diferenciada en su implementación.

El estudio del CGEE sobre tierras raras propone una metodología: diagnosticar cada cadena de producción, identificar cuellos de botella, determinar capacidades críticas, establecer objetivos y elaborar una hoja de ruta. En el caso de las tierras raras, esto implica priorizar la separación y el refinado, y avanzar hacia la obtención de metales, aleaciones, imanes y materiales avanzados. Para otros minerales, el camino será diferente.

También necesitamos ampliar el significado de creación de valor. No basta con ascender en la cadena industrial si los beneficios no llegan a los territorios. El desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, los empleos cualificados, los proveedores nacionales, la sostenibilidad ambiental y el diálogo con las comunidades deben formar parte de la misma ecuación.

Brasil posee importantes recursos minerales, instituciones científicas consolidadas, experiencia industrial y la capacidad de establecer relaciones con diversos centros económicos. Al mismo tiempo, la transición energética y las tensiones geopolíticas están reorganizando las cadenas de suministro. Pocas veces hemos tenido una oportunidad tan clara para transformar las ventajas geológicas en ventajas industriales y tecnológicas.

Pero es importante recordar que una ley no construye una planta de separación. No forma ingenieros. No genera tecnología. No crea proveedores. No transforma el conocimiento científico en producción a escala industrial. Sin embargo, sí puede crear las condiciones para que esto suceda.

El Congreso respondió a la primera pregunta: ¿Necesita Brasil una política para sus minerales críticos y estratégicos? La respuesta fue afirmativa. Ahora surge la pregunta más compleja: ¿Qué capacidades queremos desarrollar a partir de esta política?

Este artículo fue publicado originalmente por el CEO de CGEE, Anderson Gomes, en Valor Econômico.